Los controles de importación más estrictos en la Unión Europea (UE) están llevando a un mayor número de notificaciones por la presencia de óxido de etileno en alimentos, un proceso en el que participa el centro tecnológico español Ainia.
Desde que Bélgica notificara por primera vez en septiembre de 2020 la presencia por encima del límite legal de esa sustancia en semillas de sésamo procedentes de la India, no han dejado de surgir nuevas alertas.
Hasta 690 notificaciones se han emitido en este periodo en los países de la Unión Europea, Suiza, Noruega y el Reino Unido, según datos del Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rasff).
Los países con más alertas son Países Bajos (208) y Alemania (90), seguidos de Bélgica (79), España (49), Francia (30) e Italia (28).
Los productos retirados del mercado abarcan desde aditivos y condimentos hasta frutos secos y semillas, pasando por hierbas, especias, helados, postres, cereales, lácteos, frutas, hortalizas, preparados de cacao, café y té.
Uso prohibido en la UE
El responsable de Seguridad Alimentaria de Ainia, Roberto Ortuño, explica a Efe que el óxido de etileno está considerado un posible carcinógeno humano “con efectos mutagénicos” y es “tóxico agudo” en caso de inhalación, aunque rebaja la alarma en casos de que se ingiera de forma puntual por estar presente en alimentos.
“Si durante mucho tiempo estamos consumiendo semillas que han sido tratadas con esa sustancia, podemos desarrollar enfermedades”, señala Ortuño, que precisa que “nadie por comerse un panecillo con esas semillas va a enfermar al día siguiente” porque los niveles son bajos.
Se debe evitar, eso sí, la exposición continuada de la población al óxido de etileno, razón por la que la UE prohibió su uso en agricultura y alimentación, y solo permite importar productos con residuos por debajo del límite legal de 0.05 miligramos por kilogramo.
En terceros países sigue utilizándose esa sustancia para controlar la aparición de insectos en granos, lo que, para Ortuño, evidencia un problema de “falta de armonización” entre las legislaciones de los países extracomunitarios y la UE.
Aparte de introducir en el espacio europeo alimentos o ingredientes con residuos por encima de los límites permitidos, el experto critica que los productores de terceros países puedan tener una “ventaja competitiva” respecto a los europeos, aun a costa de la salud.
Controles fronterizos
La Unión Europea se encarga de tomar medidas para que los productos procedentes de esos países no contengan tales sustancias, de forma que en los puestos de inspección fronteriza se realiza un control “continuo, aleatorio y más intenso sobre aquellos productos y orígenes más conflictivos o más peligrosos”, según Ortuño.
Desde que empezó a detectar el óxido de etileno, el sistema europeo ha rechazado las partidas que superan los límites establecidos y, a medida que se repetía el problema, ha ido controlando las mercancías con más frecuencia y ampliando los tipos de productos analizados.
“Tenemos un sistema que funciona porque es capaz de parar en la UE los productos que están tratados con sustancias que para nosotros están prohibidas, disminuyendo el riesgo y protegiendo la salud del consumidor europeo”, afirma el especialista.
Ainia es el primer laboratorio español que ha sido acreditado para analizar óxido de etileno, concretamente en frutos y hortalizas, semillas oleaginosas, legumbres, cereales, especias y otros alimentos.
En sus laboratorios reciben pedidos de la inspección oficial, pero también de empresas que les piden analizar sus productos procesados y las materias primas que utilizan.
A los fabricantes de helados les recomiendan, por ejemplo, que, además de su producto, les envíen la goma de garrofín u otros aditivos en principio inocuos porque, tras el análisis, cuentan con un documento acreditativo que puede servirles en un control oficial o en caso de litigio.
Posibles escenarios
En la situación actual, “es posible que nos encontremos con productos que todavía no han salido a la palestra” y contengan óxido de etileno, afirma Ortuño, quien recuerda que cuando se destapa un problema de mayor alcance “no hay un solo origen o producto, sino muchos”.
Comenta que lo normal en estos casos es que se intensifiquen los controles en las fronteras y los inspectores europeos actúen en los países de origen para tratar de determinar dónde se produce la contaminación.
“Si hay empresas que claramente lo están haciendo mal, se prohibirán sus exportaciones, y si hay países en los que aparecen muchas de estas empresas, se prohibirán las importaciones de esos países”, añade.
El responsable de Ainia defiende el modelo público-privado que opera en la UE, con laboratorios de control oficial y otros privados como en su caso, porque así consiguen sumar fuerzas ante una labor que, de otra forma, sería “inabarcable”.
Fuente: El Día de Valladolid
