Para enfrentar las intervenciones estratégicas de la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en políticas públicas, y limitar el acceso a la información de los consumidores, organizaciones sociales elaboraron la plataforma VIA (Vigilando a la Industria Alimentaria): herramienta de monitoreo y denuncia de las prácticas de las grandes corporaciones en América Latina y El Caribe (ALyC).
En conferencia de prensa, el Poder del Consumidor, en colaboración de la Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud (Colansa) de Brasil y la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS) de Uruguay, recordó que las principales formas de intromisión de estas empresas son a través del cabildeo para bloquear o debilitar regulaciones en favor de la salud, como el etiquetado frontal, las políticas fiscales, la regulación de publicidad o programas sobre desnutrición infantil y de entornos escolares.
Añadió que también realizan estudios financiados “con sesgo” para minimizar el impacto negativo de los productos; la llamada puerta giratoria, es decir, que ex ejecutivos de estas industrias ocupen cargos públicos en ministerios de salud o agencias regulatorias.
La plataforma virtual es de acceso gratuito y contiene un repositorio de casos de interferencia de la industria alimentaria en ALyC. Hasta el corte de agosto 2025, la página tiene 100 casos documentados en más de 37 países, y denuncia a más de 166 actores entre industrias transnacionales o nacionales, cámaras comerciales, agencias de cabildeo, buffets legales, universidades y organizaciones fachada que son fundadas por entidades comerciales.
Indica que la estrategia que más usan las empresas es el cabildeo, pues hay 62 casos documentados donde intentan influir en los procesos y resultados de políticas públicas a través de ese mecanismo.
Christian Torres, de El Poder del Consumidor, explicó que la plataforma estará en crecimiento, pues se alimenta con las denuncias que llegan constantemente. En México hay 31 casos documentados; en Colombia, 30; Brasil, 15; Argentina, 11; Chile, 16. Mientras que Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, entre otros países centroamericanos, no tienen casos; pero ello “no significa que no exista interferencia de la industria, sino que no se ha documentado alguna situación”, aclaró.
Para revisar los casos de denuncia y se hagan públicos en la plataforma hay dos comités, uno técnico y uno administrador, los cuales verificarán la información para poder ser considerados. En las denuncias tienen que incluir el nombre de las entidades comerciales que interfirieron, así como el tipo de estrategias que usaron y de los procesos políticos en donde intervinieron. “Todo lo que está en VIA es documentado y muestra que existió esa situación”, afirmó Diego Rodríguez, de OMIS.
La plataforma usa una metodología que se llama Actividad Política Corporativa, que tipifica cada una de las estrategias, discursos, prácticas y mecanismos que utiliza la industria alimentaria para interferir en los procesos de políticas públicas.
Entre las entidades más mencionadas en la plataforma, destacan: Coca-Cola, PepsiCo, Postobón (refresquera en Colombia), Nestlé, asociaciones de empresarios colombianas, Kellogg’s, Bimbo y ConMéxico.
Fuente: La Jornada (con edición de Alfa Editores)
